El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 30737 que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos y que reemplaza al Decreto de urgencia 003.
Las medidas dispuestas en la ley para asegurar dicho pago son la suspensión de las transferencias al exterior, la adquisición y retención del precio de venta en el fideicomiso de retención y reparación, la retención de importe a ser pagados por las entidades del Estado y la anotación preventiva.
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Estas medidas aplican, según la norma, para las personas jurídicas con sentencia firme por delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos o equivalentes cometidos en otros países en agravio del Estado Peruano.
También para los funcionarios o representantes de las personas jurídicas que hayan sido condenados con sentencia firme en el Perú o en el extranjero por la comisión de los delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos, o equivalentes cometidos en el extranjero en agravio del Estado peruano.
Igualmente, aplica para las personas jurídicas que, directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido o reconocido la comisión de delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos, o equivalentes ante autoridad nacional o extranjera competente.
Fuente: andina.pe
